Los créditos de carbono son unidades negociables que representan una cantidad específica de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se han evitado, reducido o compensado a través de proyectos de mitigación del cambio climático.

Los créditos de carbono surgieron en el contexto del Protocolo de Kioto en 1997, un acuerdo internacional que estableció objetivos de reducción de emisiones de GEI para los países desarrollados.

El Protocolo permitía que los países cumplieran parte de sus obligaciones de reducción de emisiones comprando créditos de carbono de otros países o participando en proyectos de reducción de emisiones en el extranjero, conocidos como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Mecanismo de Implementación Conjunta (MIC)

Estos créditos desempeñan un papel crucial en los mercados de carbono al incentivar a empresas, gobiernos y otras organizaciones a reducir sus emisiones de carbono y cumplir con los objetivos de mitigación del cambio climático.

Un crédito de carbono es una unidad de medida que representa una tonelada métrica de dióxido de carbono u otras emisiones que se han evitado, reducido o compensado a través de un proyecto certificado de mitigación del cambio climático.

Los créditos de carbono se generan a partir de proyectos que reducen las emisiones de GEI, como la energía renovable, la eficiencia energética, la captura y almacenamiento de carbono, entre otros.

Estos proyectos deben seguir estándares reconocidos internacionalmente y ser verificados por terceros independientes para garantizar la integridad ambiental y la calidad del crédito de carbono generado.

Los créditos de carbono se negocian en mercados de carbono, donde las empresas y los países pueden comprar y vender créditos para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones. Los mercados de carbono pueden ser regulados por gobiernos o funcionar de manera voluntaria.

Los créditos de carbono son una herramienta importante en la lucha contra el cambio climático al proporcionar incentivos financieros para reducir las emisiones de carbono y promover prácticas sostenibles. Sin embargo, su eficacia depende de la integridad y transparencia de los proyectos que los generan, así como de la regulación y supervisión adecuadas de los mercados de carbono